A pesar de la solicitud que varios gremios y actores del sector salud del país han hecho para que se archive el Proyecto de Ley 010 con el que se busca cambiar el sistema de salud nacional, el Congreso de la República aplazó la discusión para la el año 2021, debido a que la legislatura por este año no alcanzará para tal fin.
El Congreso retomará la iniciativa en marzo del próximo año, cuando se reanuden las sesiones ordinarias de la legislatura. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, ha criticado al Congreso por la demora en tramitar el proyecto, al tiempo que otros congresistas piden el archivo del mismo. Este ha sido uno de los debates legislativos más polémicos en medio de los desafíos que plantea aún la pandemia del Covid-19 en el país.
Resulta importante recordar que, en palabras de Fabián Castillo, senador del partido Cambio Radical, quien puso sobre la mesa esta propuesta, la cual además es respaldada por el Gobierno nacional, el proyecto está centrado en los siguientes temas:
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- Reafirmar el derecho a la salud dentro y su cumplimiento a través del sistema y sus funciones esenciales, que son la salud pública como base, el aseguramiento y gestión del riesgo por parte de todos los actores y la prestación de los servicios desde la prevención, promoción y mantenimiento de la salud.
- Planear la salud pública como la base y objetivo central del sistema, por medio de mecanismos e instrumentos de planeación y gestión de la salud pública a nivel colectivo e individual, desde los territorios.
- Lograr el aseguramiento y gestión del riesgo como función esencial a cumplir por parte de las nuevas Aseguradoras en Salud, que implica atención primaria, la prestación del plan de beneficios, la coordinación de la atención y la evaluación de las intervenciones sobre la salud de los individuos y su familia, a través de un Plan Único de Beneficios en Salud (PLUS).
- Retirar del sistema a las EPS ineficientes, por medio de un proceso de depuración progresivo, que garantice el derecho a la salud de los usuarios y la seguridad jurídica de los actores.
- Establecer medidas orientadas a implementar un modelo de atención enfocado en el nivel primario, territorializado y con énfasis en salud familiar, con capacidad resolutiva de más de la mitad de las patologías.
- Para superar la fragmentación estructural que afectaba la atención de los pacientes y la transparencia financiera del sistema, se plantea la prestación de servicios a través de redes integrales de servicios, compuestas por prestadores con funciones diferenciadas e integradas bajo un modelo de atención, un único plan de beneficios y la interoperabilidad de la información sanitaria a lo largo del sistema.
- Las Empresas Sociales del Estado podrán estar a cargo de más de una entidad territorial. Se propenderá por la autosostenibilidad de Empresas Sociales del Estado, por medio de la reestructuración, fusiones y límites en la tercerización de servicios de éstas.
- En virtud de la unificación de los regímenes, el Ministerio de Salud y Protección Social establecerá las condiciones y porcentajes en los que deberán ser contratados los servicios con la red pública de los ingresos recibidos por las Administradoras en Salud, financiados con recursos no provenientes de las cotizaciones.
- Políticas, mecanismos e instrumentos para la generación de capacidades de talento humano en términos de la disponibilidad de especialistas, acceso a formación e incentivos de educación. Se plantean medidas para la resolutivita del médico general.
- La dignificación laboral del talento humano en salud, a través de los principios salud en el trabajo y condiciones de espacios laborales; estabilidad del personal de la salud por el trabajo desarrollado; respeto a las jornadas laborales y el descanso y formalización laboral y respeto por los derechos salariales y prestacionales.
- Las medidas de sostenibilidad van orientadas a la creación de Fondos de Financiación de Nuevas Tecnologías, de manera que controlen los recobros por conceptos no UPC y la creación de un Fondo de Garantías del sector salud que, financiado con recursos de las EPS, tendrá capacidad de respuesta ante eventos financieros de estas entidades.
- Regulación, por parte de la Superintendencia de Salud, de todas las empresas que manejen recursos de la UPC y de sus holdings, en lo concerniente al uso de los recursos de la UPC. Medidas para evitar la posición dominante y unión de esfuerzos interinstitucionales entre la DIAN, la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales y el Ministerio de Salud para identificar y sancionar a quienes no paguen sus aportes en el sistema.
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Es oportuno recordar que después de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno nacional y los demás actores tendrán un año de transición para la puesta en marcha del Modelo de Atención Primaria en Salud y sus Redes de Prestación de Servicios, con sus respectivos médicos familiares, equipos de telemedicina y/o atención móvil.