Gestarsalud solicita al Ministerio de Salud revisar las decisiones anunciadas ante el Congreso que exponen a los colombianos a una seria afectación en la prestación de servicios de salud.
Gestarsalud, el gremio que representa a 11 EPS del régimen subsidiado, que cubren la salud de más de 20 millones de personas, manifiesta su preocupación por las afirmaciones y mensajes enunciados por la ministra de Salud, Carolina
Corcho, en el sentido del posible no pago de los ajustes al mecanismo de presupuestos máximos que se encuentran pendientes realizar para el año 2021 y la disminución de los recursos para el aseguramiento para el año 2023.
Estas dos decisiones del Ministerio de Salud, que fueron planteadas en la sesión del pasado 14 de septiembre en la comisión séptima constitucional del Congreso de la República, impactarían seriamente la garantía del derecho de la salud para los colombianos, especialmente para los más vulnerables, y expondrían a las EPS a un mayor riesgo desequilibrio financiero.
Por un lado, está el no giro de los recursos pendientes por el mecanismo transitorio de presupuestos máximos para el pago de servicios y tecnologías que están por fuera de lo cubierto por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que ya fueron prestados a la población en el 2021 con los debidos soportes ante el Ministerio de Salud y la Adres.
Según la información que reposa en el Ministerio de Salud, en el año 2020 se prestaron más de 2 millones de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC que ya fueron reconocidos con cargo a los presupuestos máximos de las entidades responsables del aseguramiento. En el año 2021 se reconocieron con estos recursos cerca de 2 millones de servicios y en el primer semestre del 2022 fueron cerca de 700.000 servicios y tecnologías, lo que representaría una posible desatención de igual o mayor volumen de prescripciones para los usuarios en lo que queda de esta vigencia.
Por otro lado, está el anuncio de la disminución de recursos para financiar la UPC en el 2023 en el Presupuesto General de la Nación, que pasaría de 14,1 por ciento, según lo estimado como necesario por el propio Ministerio de Salud, a 12 por ciento. Es decir, una disminución de 2,1 puntos porcentuales. Esto en números absolutos significaría disminuir los valores del rubro de aseguramiento de 4 a 2,2 billones de pesos, sin tener en cuenta que para el año 2022
el incremento que se aplicó a la UPC fue del 5,6 por ciento y hoy la inflación alcanza más del 9 por ciento.
Vale recordar que la metodología para el cálculo del valor de la UPC se ha construido y mejorado a lo largo de 17 años y ha sido objeto de valoración, análisis y generación de evidencias por autoridades académicas, científicas, económicas y sociales nacionales e internacionales y es considerada un avance del país.
No contar con los recursos de presupuestos máximos que superan los cálculos iniciales hechos para el año 2021 y que ya fueron debidamente prestados a los afiliados así como la disminución de los recursos para el aseguramiento para el año 2023 representa para las EPS un déficit en la disponibilidad de los dineros requeridos para continuar con la garantía de la prestación de servicios y la administración del riesgo en salud, pero también una afectación para las IPS y proveedores en el flujo de recursos en todo el territorio nacional.
No cabe duda de que los usuarios del sistema de salud serán los directamente perjudicados, tanto en las zonas urbanas como rurales de Colombia. Ellos, que son el centro del sistema, pueden ver afectada la garantía de su derecho a la salud con la integralidad y continuidad en cada una de las atenciones requeridas, que incluye la promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y la correspondiente rehabilitación.
Que no se giren estos recursos propiciaría, igualmente, un mayor desequilibrio financiero para las entidades responsables del aseguramiento impactando aún más los indicadores de habilitación financiera. Esto, además, repercutirá en el aumento de insatisfacción de los usuarios y, por ende, en el incremento nominal de quejas y tutelas, especialmente por necesidades de salud que no se encuentran excluidas y deben ser cubiertas por los presupuestos máximos.
Todo el modelo de aseguramiento y, especialmente, las entidades responsables del aseguramiento se ajustaron a las reglas de juego y comprendieron las metodologías definidas por el Gobierno, tanto para presupuestos máximos como para la estimación de la UPC, contando con que se actuaría con la buena fe y la confianza legítima que deben regir las
acciones dentro del Estado Social de Derecho.
Por todas estas razones, solicitamos al Ministerio de Salud revisar las decisiones anunciadas en la presentación del proyecto de presupuesto para la vigencia 2023 ante las Comisiones Constitucionales Séptimas del Congreso de la República. No contar con los recursos suficientes para la financiación y flujo de recursos para toda la cadena servicios pone en riesgo la garantía y el acceso efectivo a los servicios e incrementa las desigualdades con su consecuente efecto negativo sobre la carga de la enfermedad y las condiciones de salud y vida de los colombianos.
Sobre Gestarsalud
La Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud – Gestarsalud agremia desde hace 21 años a las EPS del régimen subsidiado y de origen solidario procurando mejoras para el sistema de salud y en la atención para la población más vulnerable. Hoy representa a 11 EPS que afilian a más de 20 millones de usuarios en todas las regiones del país.