Ayer, la Comisión Séptima del Senado lideró una audiencia pública en la que reunió a los actores del sector salud del país, con la intención de deliberar acerca del proyecto de ley 010, que busca reformar el sistema de salud nacional. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruíz Gómez, reiteró el apoyo del Gobierno nacional a la iniciativa, promovida desde el partido Cambio Radical, y afirmó que con ella se busca centrar la estructura del servicio en el paciente, alcanzar el privilegio de atención ambulatoria, la integralidad en la gestión del riesgo y tener un modelo adaptable a cada territorio, con un talento humano que tenga un enfoque familiar y comunitario.
Desde Gestarsalud.com le compartimos los puntos más relevantes planteados desde los diferentes centros e instituciones, de cara a lograr una estructura robusta y adaptada a las necesidades del país en cuanto al sector salud se refiere:
- El Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruíz explicó el Proyecto de Ley 010; sus generalidades y objetivos:
- Formulación del Plan Nacional de Salud Pública que se hará cada 15 días.
- Integralidad en la Gestión del Riesgo: instrumento que permitirá mejorar los resultados clínicos y gestión de la atención.
- Gestión Integral del Riesgo en Salud a través del aseguramiento y la salud pública (Agrupador Único Nacional).
- Fortalecimiento del aseguramiento en salud (desempeño pobre de las EPS en las rutas de intervención individual).
- Fortalecimiento del rol del Asegurador en Salud (único régimen en un periodo de dos años, UPC reconocida en función a un complejo fijo).
- Depuración de las Aseguradoras en Salud que no cumplan con los objetivos planteados.
- Modelo de atención integral adaptable a cada territorio.
- Talento humano resolutivo, con enfoque familiar y comunitario (reorientar los programas de formación en conjunto con el sector educativo, democratizar el acceso a los cupos).
- Mecanismos de pago en función de resultados en salud (diversas formas de contratación y transparencia. Los contratos deben responder al modelo de atención).
- Sostenibilidad financiera (giro directo desde la ADRES a la UPC. Se creará el Fondo de Garantías del Sector Salud).
- Fabio Aristizábal, superintendente de Salud:
- Sugiere una revisión más detallada de la formulación de los artículos del proyecto de Ley 010. Considerar la jerarquía de las normas y tomar como norte la Ley Estatutaria.
- También sugiere identificar cuál será el camino de las aseguradoras de salud en el contexto de las nuevas normas y continuar con la depuración de las EPS.
- Procuraduría General – Gelman Rodríguez, procurador delegado para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente:
- Considera que la reforma no resuelve los problemas estructurales del sistema ni las financieras.
- Considera que la reforma pone en riesgo la red hospitalaria pública del país y el talento humano.
- Sugiere el fortalecimiento de la cultura preventiva, sin imponer sanciones.
- Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud (INS):
- Destaca el artículo 65, porque permite el desarrollo de las entidades, sin embargo, sugiere ajustar la tasa que permita financiar el desarrollo tecnológico y el talento humano capacitado.
5. Elisa Torrenegra, directora de Gestarsalud
Considera que la discusión sobre cambios al sistema de salud sería más efectiva si se realiza posterior a la pandemia que enfrenta el país y el mundo y tener ya claros los retos que quedan, afrontando el Sistema de Salud como consecuencia de la misma, capitalizar las lecciones aprendidas, y lo más importante, tener la atenció completa de todos los actores en este escenario de reglamentación tan importante para el efectivo goce del derecho fundamental a la salud.
- El norte de esta iniciativa debe ser la Ley Estatutaria, pues la jerarquía de las normas existentes debe prevalecer en aras del control constitucional previo a la discusión y aprobación del proyecto de ley.
- Los resultados en salud se tienen que dar de manera independiente a condicionamientos operativos como número de afiliados, mecanismos de contratación o pago, porcentaje de Gastos y demás. Nada hoy demuestra q uno u otro condicionamiento sea garantía de mejores resultados.
- La operativización debe tener un estricto cuidado, ya que para su implementación ameritaría un periodo de transición hacia las nuevas dinámicas para que el impacto en el sistema no sea perjudicial.
- Para promover la responsabilidad individual en el cuidado de la salud es necesario reconsiderar la medida que habla del incumplimiento de citas de Promoción y Prevención con las llamadas Cuotas Moderadoras, pues en lugar de generar sanciones se deben dar estímulos.
- Frente a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y su metodología de cálculo se deben tener en cuenta los costos del acceso efectivo a los beneficios, los cuales tienen un costo diferente dependiendo de los factores de riesgo, poblaciones, culturas y accesos geográficos, pero también con las metas de salud que se quieren tener como país. Lo planteado en el Proyecto de Ley no respondería a ello.
- La depuración de EAPB debe aplicarse con los criterios actuales y lograr un saneamiento real especialmente en el Régimen Subsidiado que se dependa de los territorios y que tanto afecta o beneficia a la red hospitalaria pública y que redunda en la calidad percibida de los usuarios en los diferentes momentos de atención.
- Para la aplicación del Giro Directo se considera que se deben verificar los atributos y la calidad de la atención en salud en la prestación de servicios facturada para que la EPS se pueda configurara con su rol de representatividad del usuario ante cada prestador y no ligar el giro directo solo a la existencia de la factura electrónica.
- Frente a la territorialización del sistema, la palabra “Territorialización” va en contrasentido al tener un plan único, un seguro único, un régimen único y un sistema unificado. Por lo anterior, tendría más sentido hablar de “Georeferenciación” y desligarla a un número mínimo de afiliados por EPS , porque lo que debe importar son los resultados en salud que tenga y no el número de afiliados con que quede una EPS en un área territorial.
- El gremio encuentra viable la creación del Fondo, sin embargo, considera necesario revisar las funciones y competencias administrativas que se le están adjudicando así como sus fuentes de financiación, suficiencia y destinación de los recursos.
- Olga Lucía Zuluaga, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI):
- Se debe garantizar la accesibilidad e integralidad del servicio de salud, independiente del régimen.
- En Colombia hay talento humano que no tiene contratación decente y digna, y no cuenta con financiación.
- La salud pública no se puede limitar a la prestación de servicios.
- Rechaza la creación de nuevos fondos, pues ya existe en el sistema un gasto administrativo elevado.
7. Néstor Álvarez, directivo de la Asociación de pacientes de alto costo:
- Solicitó el archivo del proyecto de Ley, pues considera que va en contra de la Ley Estatutaria (Artículo 5).
- Manifiesta preocupación por los artículos 6, 16 y 52 por tener vacíos jurídicos.
- Asegura que el proyecto está enfocado en modelo de negocios, que no se traducen a mejor calidad en salud.
8. Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana:
- Se tiene un sistema de salud fallido (no pudo controlar la pandemia, no resiste un debate serio)
- El proyecto no es la reglamentación de la Ley Estatutaria.
- La constitución y la Ley Estatuaria son claras.
- No se acaban las EPS, sino que se crea un oligopolio.
- Archivar el proyecto.
9. Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI):
- Considera que la reforma tiene un defecto estructural que implicará un retroceso para el sistema.
- Apoya la idea de fortalecer el aseguramiento, pero considera se desdibuja cuando se lee el articulado.
- Asegura que hay ambigüedad con el tema de las aseguradoras, para él el artículo del giro directo no es adecuado.
- Existen varias contradicciones en el proyecto, a su juicio.
10. Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas:
- Sugiere hacer un diagnóstico detallado, pues la realidad en el país es distinta en cada territorio.
- Interpreta la propuesta como un ajuste y no como una reforma como tal.
- Reconoce que hay avances importantes en el sistema de salud, pero quedan dudas sobre algunos puntos en los que no hay claridad y se deja a interpretación.
- Reconoce el giro directo como un avance importante, pero debe ser armónico.
- UPC deben ser pagada con recursos públicos.
- Sugiere un mayor apoyo al talento humano.
11. Carmen Dávila, delegada para la salud de la Defensoría del Pueblo:
- Considera que la iniciativa tiene buenas intenciones, pero tiene leyes que ya existen.
- Se avanza en los beneficios de la seguridad social de los ciudadanos.
- Sugiere revisar con detalle el Fondo Nacional de Garantías.
- No se puede partir de cero, por lo que es necesario considerar la Ley Estatutaria.
12. Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública:
- Considera que el Proyecto de Ley 010 no toma en cuenta la realidad y discute a la carrera temas importantes y vitales para el futuro de la salud en Colombia.
- Considera que se trata de un tema que debe ser pensado fuera de la emergencia planteada por el Covid-19.
13. Yaneth Giha, presidenta de la Asociación de laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO)
- Es una buena oportunidad para impulsar el régimen de patentes, fortalecer los pactos de Colombia frente a la OCDE y avanzar en la garantía del derecho a la salud.
Puntos claves del proyecto
- Adres podría realizar giros directos a los proveedores, entre ellos clínicas y hospitales.
- De 49 EPS se pasaría a 10 aseguradoras y la Supersalud tendría un año para depurarlas.
- Incrementar cuotas moderadoras a los pacientes que no cumplan con los tratamientos.
- El procurador delegado de Salud solicitó incluir la eliminación del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT.
A finales de septiembre, en un documento entregado al Congreso, más de 135 organizaciones médicas, sindicales y gremiales, relacionadas con el sector salud, le pidieron al legislativo archivar o retirar el proyecto de Ley 010 de 2020, que pretende reformar el Sistema de Seguridad Social en Salud del país.
La petición la firmaron algunas asociaciones y organizaciones como la Asociación Colombiana de Salud Pública, la Federación Médica Colombiana, la Organización Defensa del Paciente, la Asociación Médica Sindical de Antioquia, el Sindicato de los Trabajadores de la Salud, la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, los Colegios Médicos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Boyacá, Bogotá y algunas otras asociaciones del sector salud del país.
Según los firmantes lo que propone el proyecto de ley es contrario al derecho fundamental a la salud.